Hoy, 31 de Octubre, cuando estoy redactando este escrito, se cumplen cuarenta años de la aprobación de la Constitución Española en el Congreso de los Diputados, con mi voto favorable.
Es cierto que ya entonces la España de 1978 respiraba aires de libertad, la presencia de los partidos políticos, los sindicatos de clase y multitud de asociaciones de todo tipo nacidas libres y en democracia, era una demostración de que nuestro país avanzaba con determinación y con paso firme a esa libertad tan anhelada, siendo la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles los verdaderos artífices, en su condición de personas libres. Precisamente en este contexto de profundas trasformaciones, esperanzas e ilusión, tuvo su aparición Prensa Ibérica, por lo tanto se puede manifestar que su historia camina en paralelo con la democracia, siendo, a su vez, un producto de la misma, lo que le ha permitido ser testigo de los acontecimientos más importantes de nuestro País en estos cuarenta años.

Fruto de la decisión empresarial, nace en Zamora La Opinión en 1990 que tres años después se fusiona con “El Correo” y da lugar a la cabecera del actual periódico La Opinión-El Correo de Zamora. Ya entonces teníamos alguna experiencia de que la libertad de prensa era una parte de la garantía del progreso y que nada hay más perturbador para las dictaduras que la prensa libre, que combate sus desmanes. ¡Enhorabuena!

Tengo la satisfacción de pertenecer a la generación que impulsó y sigue manteniendo lealtad desde sus orígenes a la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía de Castilla y León (que también cumple treinta y cinco años). Y aunque no es el momento de recordar las reticencias y la oposición de algunos personajes y partidos políticos,- que después amenazaron con una segunda transición,- es el tiempo de reflexionar lo que significó y lo que hoy representa para la inmensa mayoría de los ciudadanos: ni más ni menos que la recuperación de la libertad inédita y añorada por la sociedad española.

Lo más costoso de la herencia franquista fue recuperar la conciencia de la condición de ciudadanía

Una mujer lee un ejemplar de la Constitución Española | José Luis Leal

Formalmente la Transición política se inicia con la aprobación de la Constitución de 1978, por lo tanto ya tiene una cierta andadura dentro de la historia; así mismo durante su vigencia, se ha trasformado profundamente la realidad política y social de la mayoría de los ciudadanos. En estos años desde el final del franquismo, las instituciones propias del sistema democrático se pusieron en marcha, se han consolidado y han demostrado su estabilidad con la renovación de los gobernantes a través de sucesivas elecciones legislativas, autonómicas y locales. ¡Por fin teníamos una Constitución! que permitía la alternancia. Igualmente, la sociedad se ha articulado en partidos políticos, sindicatos de clase, organizaciones económicas y nuevos movimientos sociales y culturales. Al mismo tiempo, con la incorporación de España al sistema político de la Unión Europea, culmina un objetivo largamente deseado por el conjunto de la sociedad.

Quizá, la mayor originalidad del texto constitucional español, radica en la nueva concepción del Estado, que se aproxima mucho a la formula federal, mediante la sutileza semántica de la distinción entre los términos “nación” y “nacionalidad”, articulando al Estado español entre el modelo Regional italiano y el Estado Federal alemán. El propósito expreso de los constituyentes españoles de 1978 fue aquí, una vez más, conciliar pasado y modernización, tradición y vanguardismo, atribuyendo un papel fundamental al Estado, al tiempo del reconocimiento de las Comunidades Autónomas, que a su vez son también Estado.

A pesar de los lógicos y controvertidos debates, la Constitución ha tenido y tiene la virtud de servir, albergar e impulsar el fortalecimiento de los derechos individuales, las libertades civiles y su garantía efectiva, como la expresión del pluralismo, la modernización de España en lo social, cultural y económico; también la presencia de nuestro País en las organizaciones internacionales connaturales a nuestra identidad y entorno, así como la recuperación y el respeto en el mundo. Por otro lado, el nuevo Estado Autonómico, ha venido a dar respuesta al proyecto descentralizador de la administración y del poder político más importante de la historia de España, removiendo los obstáculos para superar las crisis económicas y territoriales.

Por todas estas razones, al cumplirse los cuarenta años de nuestra Constitución, es de justicia reconocer a los ciudadanos españoles el mérito por la conquista de la libertad y la democracia. La búsqueda de espacios de encuentro, presididos por la tolerancia, ha permitido el desarrollo de opciones de gobierno de distinto signo ideológico que posibilita la estabilidad y legitima la alternancia, reduce de nuestro horizonte la confrontación fratricida por la defensa legítima de distintas ideas y proyectos políticos. Eso sí, impidiendo los intentos de desmembración de España.
Hace cuarenta años, España salía vacilante, atemorizada y débil de un largo periodo (“los otros cuarenta años”) del régimen totalitario, producto de un golpe de estado, contra la legalidad y el Estado de Derecho, que dio origen a una dramática guerra incivil. Hace cuarenta años los españoles iniciamos una andadura, utilizando el camino de la libertad y la democracia en busca de una España que se reconociera a sí misma: iniciamos el progreso y el respeto en Europa y su lugar en el mundo.

Precisamente una de las peores herencias que nos dejó la dictadura franquista, y más costosa de recuperar a todos los españoles, fue el reconocimiento de nuestra condición de ciudadanos, la conciencia de que teníamos que ser nosotros los protagonistas de nuestro futuro. Había que romper con el miedo y además rescatar la soberanía, en definitiva, pasar de la condición de súbditos a ciudadanos: ¡casi nada!

Es posible que la aportación más importante de la Constitución de 1978, desde el punto de vista político sea el artículo 1.1: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su Ordenamiento Jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. El 1.2, nos aclara rápidamente: “Que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”.